En estricto apego al ordenamiento jurídico y a su misión pastoral, la Arquidiócesis cede la bienhechuría del recinto educativo al Ejecutivo Regional para garantizar la educación de los niños. La decisión busca proteger la vida ante riesgos estructurales y responde a la morosidad insostenible de representantes, superando los bloqueos judiciales y la desinformación.

La Arquidiócesis de Barquisimeto anunció este lunes 5 de octubre la donación de la bienhechuría del Colegio Nuestra Señora del Carmen, ubicado en el sector Moyetones 3, a la Gobernación del estado Lara.

Esta decisión, sustentada en el respeto irrestricto al debido proceso y motivada por la defensa ineludible de la vida humana, busca garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes tras evidenciarse la imposibilidad financiera de sostener la institución y la inacción de los tribunales ante un inminente riesgo estructural.

Fundamentación pastoral y acatamiento de las leyes civiles
 El vocero eclesial, Pbro. Raúl Herrera, vicario para la Vida Consagrada, destacó que la Iglesia católica, en su labor pastoral y en sintonía con las directrices del Arzobispo Monseñor Polito Rodríguez Méndez, ha estado históricamente al servicio de los más vulnerables. “La Iglesia no se opone de ninguna manera a garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes, tal y como lo señala la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, indicó en su declaración.

Enfatizó que la actuación arquidiocesana no responde a pretensiones terrenales ni a actos punitivos, sino a un deber ético y pastoral para salvaguardar la dignidad y la integridad física.

Diagnóstico técnico, infraestructura y viabilidad operativa
 El Pbro. Efraín Pastrán, director de Asuntos Jurídicos de la Arquidiócesis, presentó el diagnóstico técnico y financiero que motivó el inicio del proceso de cierre en abril, tras dos años de análisis. Informó que el colegio registra una morosidad abrumadora por parte de los representantes, quienes deben asumir la estructura de costos según la ley. A pesar de que el monto aprobado fue de apenas 13 dólares (frente a los 60 dólares sugeridos por la AVEC), el 36 % del alumnado acumuló más de un año sin pagar, generando un déficit superior a los 1,8 millones de bolívares.

La situación se agravó por la imposición de nuevas cargas parafiscales, como la Ley de Protección de Pensiones, cuyo incumplimiento acarrea multas exorbitantes calculadas en euros. Ante la precariedad de las infraestructuras parroquiales y las necesidades de salud del clero, la Arquidiócesis no puede seguir subsidiando una carga económica que corresponde a los representantes.

Por su parte, la Dra. Maixie Ramos, asesora legal de la Arquidiócesis de Barquisimeto, advirtió sobre el peligro inminente derivado de la infraestructura. Reveló que desde 2018 existe una resolución de la Dirección de Planificación y Control Urbano (DPCU) de la Alcaldía de Iribarren, la cual determina que la edificación “no cumple con las normativas establecidas en la Ley de Movimientos sísmicos”. Esta falta de adecuación a normativas de sismorresistencia, sumada a una matrícula que incumple el mínimo legal de 20 alumnos por aula, configuró un escenario de ilegalidad y riesgo inaceptable para la Iglesia.

Vicios procesales y defensa del debido proceso
 La representación jurídica detalló los obstáculos procesales y la vulneración del debido proceso. La Dra. Ramos explicó que el proceso de cierre técnico cumplió con todos los parámetros legales y fue avalado en asambleas por los propios representantes. Se garantizó la reubicación del total de la matrícula en la Unidad Educativa Berta Cordero de Rodríguez, institución estatal cercana, con cupos asegurados desde mayo e inducción previa para los padres.

Sin embargo, el proceso fue bloqueado por intervenciones externas e irregularidades administrativas, incluyendo presuntos cambios de criterio de la Centros de Desarrollo para la Calidad Educativa (antigua Zona Educativa) y un oficio emitido en julio que pretendía revertir el cierre.

Ante esto, la Arquidiócesis acudió a las instancias judiciales e introdujo un amparo el 27 de julio para resguardar a los menores. No obstante, denunció la paralización del expediente y el silencio de los tribunales. “Hoy estamos a 5 de octubre y todavía no tenemos respuesta de ese amparo”, declaró la Dra. Ramos, señalando además la inhibición de la jueza en la audiencia prevista para este mismo lunes.

Improcedencia técnica o vacíos legales de las propuestas externas
 La Arquidiócesis rechazó categóricamente las “fórmulas mágicas” e ilegales sugeridas durante las mesas de diálogo en la Defensoría del Pueblo, las cuales pretendían obligar a la Iglesia a asumir atribuciones fuera de su competencia. La asesora legal calificó de inviables las propuestas que insinuaban la inaplicación de normativas tributarias nacionales, evidenciando un profundo desconocimiento del ordenamiento jurídico.

Asimismo, se condenó la exposición pública y la instrumentalización de los menores en redes sociales y medios de comunicación, en flagrante violación de la LOPNNA, exigiendo la actuación diligente del Consejo de Protección y del IDENNA para salvaguardar la imagen y bienestar de los niños.

Soluciones concretas garantizadas por la Iglesia y llamado a la concordia
 Frente al bloqueo institucional, la morosidad insostenible, el riesgo estructural comprobado y las recientes acciones de grupos comunales que impidieron el acceso de la directora al recinto para el pago de nómina, la Arquidiócesis optó por una solución definitiva.

Actuando bajo el discernimiento y la responsabilidad eclesial, la Arquidiócesis anunció la donación del inmueble a la Gobernación del estado Lara, ente con la personalidad jurídica y los recursos necesarios para asumir su administración. Esta acción traspasa la titularidad y la responsabilidad del sostenimiento del plantel, protegiendo a la Iglesia de futuras responsabilidades civiles o penales derivadas de la precaria infraestructura o de impagos tributarios.

La Arquidiócesis de Barquisimeto hace un llamado al cese de las campañas de desinformación, difamación y amedrentamiento en contra del obispo, el clero y la institución. Exhorta a todos los actores involucrados al respeto del Estado de derecho, la paz social y la verdad, confiando en que esta donación garantice de manera definitiva y segura la educación de los niños de Moyetones.