Oficina de Prensa – 18  de agosto de 2026 –  En un acto de firmeza institucional y de respaldo irrestricto a la dignidad humana, la Arquidiócesis de Barquisimeto emitió este martes 18 de agosto del año en curso, un comunicado oficial desde el Templo de Santa Rosa, fijando posición contundente respecto a la situación de la Asociación Civil Unidad Educativa Colegio Nuestra Señora del Carmen, ubicada en Moyetones.

El pronunciamiento, realizado a las 10:30 a.m., contó con la vocería del presbítero Raúl Herrera, vicario de Derechos Humanos de la Arquidiócesis; la abogada Maixie Ramos, miembro del equipo jurídico; el diácono Daniel Vargas y la hermana Ana Pérez, de las Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús. Asimismo, destacó la presencia del sacerdote Daniel Piñango, director ejecutivo de los colegios arquidiocesanos, y el respaldo absoluto de todo el clero larense en defensa de la postura de la Iglesia y del arzobispo metropolitano, Monseñor Polito Rodríguez Méndez.

Inviabilidad financiera y protección al estudiante

 La institución eclesiástica aclaró que el cierre técnico del recinto educativo no representa un abandono, sino una medida de administración prudente ante una realidad financiera insostenible. Con una matrícula reducida a apenas 86 estudiantes y una mínima tasa de solvencia, resulta materialmente imposible cubrir los gastos operativos básicos, el mantenimiento de la planta física y las obligaciones tributarias, incluyendo el reciente pago de la Ley de Protección de las Pensiones de la Seguridad Social.

A pesar de este adverso escenario, la Arquidiócesis subrayó que ha cumplido estrictamente con los protocolos legales establecidos en la LOPNNA (Arts. 53, 55 y 102). Estas acciones garantizan que ningún estudiante quede sin su debida prosecución escolar, protegiendo así su derecho constitucional a la educación integral y a un ambiente seguro.

Distorsión procesal y asedio jurídico

 El equipo jurídico denunció severas irregularidades y atropellos tras acudir a las vías legales. Según la resolución 388-2026, emanada del Tribunal de Juicio de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción del estado Lara, el cual se declaró inadmisible un recurso de amparo interpuesto por la Arquidiócesis que buscaba garantizar el derecho a la educación de la totalidad de la población estudiantil.

En su lugar, el tribunal reconoció una acción que ampara únicamente a cinco estudiantes, fijando la audiencia para el 5 de octubre, una fecha preocupante dado que el año académico inicia el 14 de septiembre. Adicionalmente, los voceros expresaron su profunda preocupación ante la filtración ilícita de dicha sentencia en plataformas digitales antes de su publicación oficial por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), vulnerando el debido proceso y el secreto de las actas.

Rechazo a la intromisión política y llamado a la unidad

 En el documento oficial, la Iglesia rechazó categóricamente la abierta intromisión de actores con intereses político-partidistas que buscan instrumentalizar las necesidades de la comunidad escolar para promover agendas divisorias y campañas de descrédito en plataformas digitales. «La verdad no necesita artificios para sostenerse», reafirma el texto, haciendo un llamado al respeto institucional y a la madurez ciudadana.

Finalmente, ante lo que catalogan como un intento de transgredir sus principios mediante artimañas procesales, el clero convocó a toda la feligresía larense a unirse en oración en cada parroquia. El objetivo es respaldar espiritualmente a nuestro Arzobispo Monseñor Polito Rodríguez Méndez, a las familias afectadas y a la comunidad educativa, manteniendo firme el compromiso con la justicia, la verdad y la construcción de la paz social.